Las violaciones sexuales
se extienden a lo largo del país. Los avances
en materia legal y constitucional como argumentos jurídicos que pudiesen darle espacio a la
despenalización del aborto en caso de violación, aún no han dado ningún fruto.
El artículo 120 del
Código Penal peruano habla del “aborto sentimental”. El castigo, por la interrupción
de ese embarazo, es la privación de la libertad no mayor de tres meses. El “aborto
sentimental” se entiende cuando el embarazo es producto de una violación sexual
fuera de matrimonio o inseminación artificial ocurrida fuera de matrimonio que
no es consentida por la mujer. Pero, esto siempre y cuando que los hechos
hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente.
Increíble, por cierto, que se llame “sentimental”.
En este tipo de
situaciones tan extremas, la despenalización se convertiría en la mejor salida,
convendría eliminar este artículo del código. Es más, el Plan de Igualdad de Género 2012-2017 lo estableció como una de sus
metas. Obligar a una mujer a que culmine un embarazo cuando es producto de
una violación sexual, o simplemente seguir penalizando el aborto, acarrea
secuelas muy serias para la aplicación de los derechos fundamentales de estas y
de todas las mujeres.
El Perú configura
un escenario que contiene altos índices de violencia sexual y que va en aumento
conforme se va ingresando a los lugares más profundos del país. Según un
estudio realizado en el 2002, el 46,6% de las mujeres en Cusco y el 22,5% de
las mujeres en Lima, ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja. El
37,6% de las mujeres en Cusco y el 16,4% en Lima, coincidieron en que la forma
más frecuente de violencia son las relaciones sexuales forzadas. También por la
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2004 al 2006, se estima
que el 10% de las mujeres que han mantenido una relación amorosa y fueron
entrevistadas en dicho censo reportaron “haber sido obligada a tener relaciones
sexuales por su esposo o compañero”.
Ello sin contar que
las mujeres que quedan embarazadas como producto de violencia sexual tienden a
verse sometidas a prácticas abortivas en condiciones clandestinas e inseguras
que ponen en riesgo su salud y su vida, transgrediendo así el artículo del
Pacto del Comité de Derechos Humanos (CDH). Adicionalmente, el CDH ha reiterado en sus observaciones al Perú la
necesidad de despenalizar el aborto en los casos de violación. En el año
1996, señaló su preocupación por la penalización del aborto cuando el embarazo
es producto de una violación, pues el
aborto clandestino se constituía como la mayor causa de mortalidad materna.
Ratificó la idea que estas prácticas traen como resultado someter a las mujeres
a un tratamiento inhumano. En el año 2000, también, el CDH volvió a llamar la
atención sobre la penalización del aborto exclusivamente en estos casos y
advirtió la necesidad de revisar la ley y establecer excepciones a la
prohibición y criminalización del aborto.
Claro ejemplo de esto es el caso de L.C., una
menor de 13 años que quedó embarazada como producto de una violación. Al
enterarse quiso suicidarse saltando del techo de su domicilio. Como
consecuencia de la decisión, sufrió una lesión en la columna que la paralizó en
las cuatro extremidades. Debido a dicho daño tenía que ser operada de urgencia;
no obstante, los médicos se negaron por
su embarazo. Luego de ello, la menor tuvo un aborto involuntario y pudo recibir
la cirugía. Cabe resaltar que esta cirugía fue cuatro meses después del
episodio narrado y no hizo ningún efecto en la recuperación de L.C. por lo que
hoy ella es cuadripléjica y requiere de la ayuda de sus familiares para realizar
incluso las funciones vitales más básicas.
El caso de L.C. es solo
una muestra más que clara de las consecuencias del incumplimiento de Perú con
la adopción de medidas para la despenalización del aborto.
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