Escribe: Verónica Mendoza*
Tenía 11 años, venía de una
comunidad andina, había sido encargada por sus padres a sus “padrinos”
residentes en Lima, apoyaba en las labores de la casa e iba a la escuela. Ahí
fue donde sus maestras se percataron de la angustia que la invadía cuando
llegaba la hora de volver a casa, entre otros signos de que algo andaba mal.
Finalmente, Marita[1]
les reveló su drama: el hijo de sus padrinos abusaba sexualmente de ella, una y
otra vez. La acompañaron a la Comisaría, donde la niña tuvo que relatar –y
revivir- su drama, una y otra vez, al policía, a la fiscal, al personal del
Centro de Emergencia Mujer. Ahí fue que
me reportaron el caso y se continuó su acompañamiento. En el proceso, pasó por
un examen médico para determinar su estado de salud. Entonces irrumpió,
aterradora, la pregunta: ¿Y si esta niña de 11 años había quedado embarazada
como resultado de las violaciones sexuales? ¿Qué iba a pasar ahora con Marita?
¿Qué pasaría con su vida, con su salud, con sus estudios?
Lamentablemente, el caso de
Marita no es aislado. Nuestro país tiene la tasa más alta de denuncias por
violación en América del Sur; en el 2013 el Ministerio Público registró 17 763
denuncias por delitos contra la libertad sexual, cerca de 50 casos cada día. En
el 75% de casos las víctimas fueron menores de edad. Más del 30% de niñas y
adolescentes víctimas de una violación sexual resultan embarazadas. 34% del
total son violadas en su propio domicilio.
Y el drama de cada una de estas
niñas, adolescentes y mujeres se reproduce y se agudiza cada vez que la
sociedad y el Estado les dan la espalda, en un círculo de violencia sin fin.
Ese Estado que no fue capaz de protegerlas, de darles seguridad en la calle, de
dar curso a sus primeras denuncias en una Comisaría, es el mismo que, por falta
de logística (cámaras Gesell) o de formación de los funcionarios competentes,
les hace revivir una y otra vez la ominosa vejación de la que han sido víctimas.
Ese mismo Estado es el que las deja solas en su búsqueda de justicia: menos del
1% de denuncias es defendido por el
Estado Peruano[2]
y los procesos son largos, interminables a veces.
Como si este círculo de
violencia no fuera suficiente, el Estado obliga a la mujer, niña o adolescente
víctima de violación a llevar a término el embarazo, la obliga a asumir el
resultado de un delito condenado por la ley y la sociedad, sin tomar en cuenta
el impacto que puede tener en su proyecto de vida, en su salud física y mental.
Si decidiera interrumpir ese embarazo el Estado la condenaría con una sanción
penal (pena privativa de libertad no efectiva de tres meses). No establece ni
siquiera la posibilidad de acceder gratuitamente a un anticonceptivo oral de
emergencia que no es abortivo (la OMS refiere que surte efecto antes de la
fecundación). ¿Con qué derecho un Estado que no supo protegerla para evitar que
fuera violada, que la revictimiza cuando denuncia, que la deja sola en la
búsqueda de justicia, pretende encima obligarla a llevar a término el embarazo?
Tras la aprobación de la Guía
para la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica por el
Ministerio de Salud, el debate se abre a la interrupción en caso de violación
sexual. Recientemente, el Comité para la eliminación de la discriminación
contra la mujer de la ONU recomendó al Estado peruano que considere la
interrupción del embarazo en casos de violación, incesto o severa malformación
del feto, en caso de que la mujer así lo decida.
La sociedad y el Estado deben
asumir este debate con gran responsabilidad, superando los esquemas
tradicionales y machistas que no conciben a la mujer como sujeto de todos los
derechos, que le asignan y le imponen la maternidad como designio único e
inevitable, concibiéndola, en buena cuenta como una suerte de útero andante. ¿Y
el derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿A caso no debiera ser
potestad de la mujer tomar ese tipo de decisiones puesto que se trata de su
cuerpo, pero también de su proyecto de vida? ¿O deben el Estado y la sociedad
disponer de éstos restringiendo su
libertad y dignidad? Si una mujer decide continuar con el embarazo resultante
de una violación sexual, el Estado y la sociedad deben acompañarla; y si su
decisión es interrumpir ese embarazo deben brindarle también la información
necesaria, el acompañamiento y los servicios que requiera, y no darle la
espalda -una vez más- y obligarla a hacerlo en la clandestinidad poniéndola
nuevamente en situaciones peligrosas para su salud y su vida.
La interrupción de un embarazo
debe ser siempre el último recurso, el Estado y la sociedad deben brindar todas
las condiciones, hacer todos los esfuerzos posibles para que la maternidad sea
siempre el fruto de una decisión libre y responsable que garantice para la
madre y para su hijo o hija una vida plena y feliz. Mientras no se puedan
garantizar esas condiciones la mujer debe tener la posibilidad de decidir.
En cuanto a Marita, por suerte,
no quedó embarazada. La acompañamos hasta que, tras pasar por un albergue de
INABIF, pudo volver a casa, con su familia, con acompañamiento del MIMP, libre
para seguir sus estudios, para jugar, para vivir. ¿Y si hubiera quedado
embarazada como resultado de esas violaciones sexuales? Tú, ¿la hubieras
obligado a seguir con ese embarazo?
Lima, agosto de 2014.
[2] "http://elcomercio.pe/lima/sucesos/cada-dia-se-denuncian-49-casos-violacion-sexual-peru-noticia-1735980"
No quedó embarazada, y la protegieron que es lo que debe hacerse con todas victims .
ResponderBorrarY que hay del violador por que no trabajan para hacer leyes durisimas y exemplar al violador y a los médicos abortistas?
Una niña no decide sobre su cuerpo, en ese caso lo decidirían sus padres.
El aborto no soluciona ni le da una vida mejor a la víctima. Podría resultar en muerte o quedar estéril toda su vida. No sabemos.
El estado debería encargarse promover un impuesto mínimo para los peruanos y hacerles saber a los contribuyentes que es para ayydar, proteger y darle el apoyo total a nuestras mujeres peruanas víctimas de violacion aun , aunque no salgan embarazadas.
NO AL ABORTO
No quedó embarazada, y la protegieron que es lo que debe hacerse con todas victims .
ResponderBorrarY que hay del violador por que no trabajan para hacer leyes durisimas y exemplar al violador y a los médicos abortistas?
Una niña no decide sobre su cuerpo, en ese caso lo decidirían sus padres.
El aborto no soluciona ni le da una vida mejor a la víctima. Podría resultar en muerte o quedar estéril toda su vida. No sabemos.
El estado debería encargarse promover un impuesto mínimo para los peruanos y hacerles saber a los contribuyentes que es para ayydar, proteger y darle el apoyo total a nuestras mujeres peruanas víctimas de violacion aun , aunque no salgan embarazadas.
NO AL ABORTO